En
los últimos días, se han destapado curiosos casos de fraude contra el sector
asegurador. El más impactante fue el de un vecino de Lleida que se serró una
pierna para cobrar las indemnizaciones de su póliza de seguro. Desde López Torrijos y
Montalvá no podemos hacer otra cosa que censurar este tipo de prácticas que van
en contra también de todos los clientes del sector asegurador.
No
todos los fraudes son tan espectaculares como el anteriormente descrito, pero
lo que sí es cierto es que en España el fraude se ha disparado con la crisis,
y en 2013 creció un 2,4% al llegar a casi 152.000 casos que fueron objeto de
una investigación. Según datos
proporcionados por por ICEA, las actuaciones e
investigaciones realizadas han permitido ahorrar casi 412 millones de euros
en situaciones sospechosas, y se desglosa también que la gran mayoría (un 78%)
corresponden a sucesos que se realizan a través de la póliza de autos. A
nivel europeo, éste también ha aumentado con un 10% más desde 2010 a 2013, y se
estima que a en todo el continente se pierden una media de unos 10.000 millones
de euros al año por estas reclamaciones fraudulentas.
¿Dónde
radica el principal problema? Las compañías deben invertir importantes sumas de
dinero en la investigación de estos casos e incluso en el pago de siniestros
sospechosos que no le corresponden, lo que repercute negativamente en el precio
del resto de las pólizas de seguros.
Si
nos paramos a diseccionar cuáles son los engaños más comunes que persiguen un
beneficio económico para el asegurado son: la simulación de un siniestro que no
ha tenido lugar o la exageración de las consecuencias de un incidente que sí ha
ocurrido. Otra de las prácticas más comunes suele ser el proporcionar información
que no es correcta.
Una de
las curiosidades de este tipo de casos es que muchos infractores han sido investigados y descubiertos a través de
redes sociales como Facebook o Twitter, donde no dudan en alardear
de sus fraudes. Por comunidades autónomas, Andalucía,
Cataluña y Madrid coparon el podio de las autonomías en las que se descubrieron
un mayor número de fraudes, según el informe de ICEA.
Pero
ante este tipo de situaciones, el asegurado también debe pensar que puede su
fraude puede tener una serie de consecuencias. En el caso de que la compañía haya averiguado esta práctica,
automáticamente se cancelará su póliza de seguro, lo que significará que
probablemente también le sea prácticamente imposible contratar otra póliza con otra
compañía. En consecuencia, también se perderá
el derecho a la indemnización por el siniestro, además de que se le imputará un
delito de estafa que podría suponer una multa importante e incluso pena de
cárcel.
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